Foto: Margarita Posada, de ASGOJU, solicita en representación de la organización que fiscal investigue exorbitantes “sobresueldos” de exfuncionarios de Arena

La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), presentó este martes un aviso a la Fiscalía General de República (FGR), para que inicie investigaciones a ex funcionarios que recibieron exorbitantes sobresueldos durante el gobierno del ex presidente Antonio Saca.

Esta organización considera que los sobresueldos, que recibió un grupo de ex funcionarios de Arena, podrían estar involucrados en la trama de corrupción por la que actualmente es procesado el ex presidente antes mencionado.

Los sobresueldos se constata en documentos revelados a través de redes sociales y medios digitales, con apariencia de ser copias de recibos con grandes cantidades de dinero, firmados por los hoy involucrados.

Los señalados son: Luis Mario Rodríguez, ex secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia; Federico Hernández, ex presidente del extinto CONCULTURA; Gerardo Suvillaga, ex director del Centro Nacional de Registros; Albino Román, ex director de CEPA; Darlyn Meza, ex ministra de Educación; Michell Gallardo, ex viceministra de Medio Ambiente y Turismo; Carmen Sosa, ex directora del ISNA; Luis Cardenal, ex ministro de Turismo, Margarita Escobar, ex viceministra de Relaciones exteriores, y Rodrigo Ávila, exdirector de la PNC.  

Estos nuevos recibos de la Secretaría Privada, con firmas originales de quienes lo recibieron los fondos en concepto de “Bonificaciones Especiales”, pertenecen a ex funcionarios del último Gobierno de ARENA, en la presidencia de Saca (2004- 2009), que por hoy guarda prisión preventiva por actos de corrupción, por la malversación de $246 millones de dólares.

Los recibos corresponden a los años de esa gestión, provenientes de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, que estuvo a cargo de Elmer Charlaix, y que, al igual que Elías Antonio Saca se encuentra en prisión.

“La fiscalía no debería esperar que nosotros vengamos a darle aviso, sino que de oficio debería investigar, pero como no hemos visto interés de hacerlo, nosotros, en nuestra calidad de ciudadanos cumpliendo con una obligación ciudadana, porque las leyes dicen que todo ciudadano tiene la obligación de dar aviso a las autoridades cuando considera que hay indicios del consentimiento de un delito, eso es lo que nosotros venimos a hacer en este momento”, manifestó Leonel Herrera, representante de la organización.

Es de mencionar que este caso no ha tenido eco en medios tradicionales y gremiales empresariales que “enarbolan” su lucha contra la corrupción.