La Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe priorizar las auditorías patrimoniales de funcionarios que están por prescribir, según los criterios que ha definido la sección de Probidad, consideró Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

“Ahora que ya tienen criterios, la sección de Probidad debe marcar sus propios tiempos y plazos, más allá que la Corte en pleno haya ordenado la investigación a estos funcionarios (del gobierno del expresidente Funes), creo que la CSJ debe hacer las investigaciones correspondientes, pero no necesariamente a instancia de un particular o del instituto, sino que ella misma con base a esos criterio y procedimiento de establecer qué caso se va investigar”, manifestó.

Explicó que hace más de un año, el IAIP ordenó a la Sección de Probidad definir los criterios y procedimientos de las auditorias patrimoniales de funcionarios o ex funcionarios. Y los criterios que se definieron son tres.

El primero es relacionado al criterio de la antigüedad, es decir, se le va dar prioridad a los casos que están próximos a prescripción de 10 años, de acuerdo con el artículo 240 de la Constitución y Ley de Enriquecimiento Ilícito.

El segundo criterio es la relevancia del cargo, y el último es “si existen denuncias o casos graves y notorios de presunto enriquecimiento ilícito”.

“Si se reúnen esas tres condiciones de antigüedad, relevancia y si existen algunas investigaciones serias que apuntan a un enriquecimiento ilícito, son esos casos a los que la Corte Suprema debe poner atención y ordenar su investigación”, agregó.

IAIP desmiente a El Diario de Hoy

Según el portal Transparencia Activa, el IAIP desmintió una publicación de El Diario de Hoy (EDH) y aclaró que no fue esa entidad la que le pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizar investigaciones de patrimonio contra 43 exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes.

Según la nota de EDH, de este miércoles, el pleno de la CSJ le ordenó a la Sección de Probidad realizar la investigación debido a una petición del IAIP, “que requirió la documentación a solicitud del abogado Herbert Danilo Vega”.

Sin embargo, el IAIP, a través de un comunicado, aclaró que “no ha ordenado la realización de auditorías a las declaraciones de patrimonio de ex funcionarios del período de gobierno 2009-2014, tal como lo publicó El Diario de Hoy con fecha 24 de mayo de 2017”.

“La Corte les ha dicho que tiene las auditorías practicadas a las declaraciones de patrimonio de todos ellos, los inconformes han acudido al Instituto, lo que hemos hecho es admitir los casos, pero no hemos ordenado, al menos en este momento, entregar las auditorias de la sección de probidad de todos estos funcionarios”, dijo Campos, al respecto.

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