El ex canciller brasileño Celso Amorim, fue enfático: "Brasil tiene dos opciones o cumplir o ponerse como un paria internacional".
Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil.
El Gobierno de facto de Brasil aseveró que la decisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en favor de los derechos políticos del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "no es vinculante".
"Las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto jurídicamente vinculante", aseguró la Cancillería mediante una nota publicada el viernes.
A pesar de que la resolución fue tomada por expertos internacionales, el Ministerio deslegitimó el hecho por no tratarse de países. E informó que la deliberación se tomó "sin cualquier aviso o pedido de información previos".
El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió que se tomen "todas las medidas necesarias" para que Lula "pueda ejercer sus derechos políticos" como candidato presidencial para las elecciones de octubre, aunque esté en prisión.
La defensa de Lula repudió la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. El abogado Cristiano Zanin Martins sostuvo que sí tiene efectos vinculantes sobre todos los Poderes, por tal, "Brasil tiene que respetar esa decisión".
"Brasil tiene dos opciones o cumplir o ponerse como un paria internacional", manifestó por su parte, el excanciller brasileño Celso Amorim.
La presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, indicó que Brasil corre el riesgo de pasar a formar parte de las lista de países donde no hay ley ni democracia debido a la mala administración del presidente de facto, Michel Temer.
Aseveró que es imposible esconder al mundo las violaciones que están siendo practicadas por el Poder Judicial junto a los grandes medios de comunicación y del Gobierno.
Indicó que debido a la imposibilidad de resolver por los canales regulares temas que puede manejar la justicia de Brasil, representantes del país se vieron obligados a recurrir a instancias internacionales para que pudiese reconocer los derechos del expresidente encarcelado, Luiz Inácio Lula da Silva.
"Infelizmente, para la imagen de Brasil en el mundo, fue necesario recurrir a la más alta corte de Derechos Humanos para que sus derecho fuera finalmente reconocidos".
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