Las Juntas de Agua de El Salvador exigieron a diputados de la Asamblea Legislativa, se declaren de interés social a las juntas comunitarias de agua.

FOTO VD/ Juntas Comunitarias marchan para que se decrete de intereses social a juntas comunitarias de agua.FOTO VD/ Juntas Comunitarias marchan para que se decrete de intereses social a juntas comunitarias de agua.


Comunidades y representantes de las Juntas de Agua de El Salvador marcharon este jueves, desde el Parque Centenario hasta la Asamblea Legislativa, para solicitar a los diputados y diputadas se decrete de intereses social a las juntas comunitarias de agua.

“Estamos exigiendo que se decrete de Interés Social las actividades de las Juntas de Agua, ADESCOS y administradoras comunitarias de agua, para que ninguna institución quiera imponernos algún tipo de impuesto o y para facilitarnos la gestión y cooperación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales”, manifestó Orlando Aguiluz representante de Juntas de Agua de El Salvador.

“Somos más de 2300 juntas de agua comunitaria a nivel nacional, estamos sirviendo agua en zonas urbanas, semi urbanas, pero principalmente en las zonas rurales más vulnerables de todo el país, abastecemos a casi 2 millones de habitantes”, puntualizó Aguiluz, al solicitar que se exonere de cobros a operación de sistemas de las comunidades.

Las Juntas de Agua de El Salvador consideran que es necesaria una Ley General de Agua que regule y garantice el acceso al vital y que priorice el abastecimiento a toda la población, ya que consideran, que el agua, es el elemento indispensable para todo ser vivo.

“Creemos que la directiva, ente rector, o como se denomine el órgano que regirá al país en materia hídrica debe ser eminentemente público”, manifestó Aguiluz, quien externó su preocupación de la participación del sector privado en la administración del recurso hídrico.

Solicitamos a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, una audiencia para discutir estos temas y que hagan cumplir toda la normativa medioambiental ya existente.


 

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