El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), reconoce que la no terminación del TPS en el plazo fijado por el Gobierno de Donal Trump (septiembre de 2019), se debe al intenso trabajo de la Alianza Nacional por el TPS y una victoria judicial de una familia que demandó a Trump.
Karina Sosa, diputada del FMLN.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) reconoció y dio validez a la decisión del tribunal federal de California a favor de poblaciones amparadas a los beneficios del TPS para personas amparadas provenientes de El Salvador, Sudán, Haití y Nicaragua, lo que supone un alivio temporal al estatus migratorio.
En consecuencia, el Departamento de Seguridad Nacional extendió formalmente el jueves las protecciones que permiten a inmigrantes procedentes de cuatro países vivir y trabajar de manera legal en Estados Unidos. El nuevo plazo se amplía.
El juez de California emitió su fallo en octubre. Las protecciones estaban programadas a vencer en mayo, pero se extenderán siempre y cuando el interdicto preliminar siga en vigor.
"La suspensión a la terminación del TPS en septiembre de 2019 por una instancia judicial es una acción a favor de los compatriotas con TPS", reconoció la diputada del FMLN, Karina Sosa.
También reconoció "el tremendo trabajo realizado en Estados Unidos de la Alianza Nacional por el TPS que ha recibido el acompañamiento del Gobierno de El Salvadr" y del excandidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, y por la misma diputada Sosa, en calidad de presidenta de la stos resultados reflejan el trabajo realizado por nuestro gobierno y la sociedad civil en aras de Comisión de Relaciones Exteriores y Salvadoreños en el Exterior del congreso.
"Reconocemos y felicitamos a la Alianza Nacional por el TPS que se ha estado moviendo, haciendo lobby (cabildeo) y ha tenido acercamientos" con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y de El Salvador en el tema, agregó Sosa en una conferencia de prensa.
"Todo se debe a que la familia Ramos demandó la decisión del presidente Trump", expresó la legisladora. El caso se conoce como "Ramos versus Nielsen".
La diputada Sosa reiteró su compromiso como legisladora del FMLN y como presidenta de la comisión: el "compromiso de seguir trabajando en la labor de cabildeo en el Senado y Congreso de EEUU, para lograr un estatus permanente de nuestros compatriotas en ese país".
La población salvadoreña ha reconocido que la privatización de pensiones, que se hizo en el año de 1996, es con fines de lucro.
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