El movimiento juvenil  “Somos Voz” exigió a la Sala Constitucional que respete la gobernabilidad que debe existir entre los distintos órganos de gobierno.

Movimiento juvenil “Somos Voz” se pronuncia ante las recientes resoluciones de los magistrados del a Sala de lo Constitucional.

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El movimiento juvenil “Somos Voz” exigió este lunes la renuncia de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pues consideran que han vulnerado el orden constitucional con sus interpretaciones a la Constitución.

“Pero no sólo han modificado el texto constitucional (con sus interpretaciones), sino también han vulnerado los derechos del pueblo que es en donde reside el poder público y soberano. Exigimos que cese la desestabilización política y económica por parte de los magistrados, ya que estas tienen como objetivo boicotear el funcionamiento del Gobierno y al final terminan afectando a la mayoría de la población”, manifestó Daniela Genovez, en voz de dicho movimiento.

Exigió a la Sala que respete la gobernabilidad que debe existir entre los distintos órganos de gobierno, ya que afirma existe una actuación constante de decisiones que invaden las competencias de otros órganos.

“Generando así una dictadura de los jueces, por encima del buen funcionamiento que la misma constitución plantea en su artículo 86. Exhortamos a la población en general a: Reconocer que el poder está en el pueblo y por lo tanto si es este el mayor afectado con dichas resoluciones, es este mismo quien debe movilizarse para garantizar que esta situación no continúe”, agregó.

En voz del movimiento “Somos Voz”, considera que la  decisión de detener la reforma a la Ley FOP pone en riesgo a 175 mil pensionados, cuyos problemas de caja han sido generados por la privatización del sistema previsional en los gobiernos de Arena.

“Declarando como primer orden las utilidades que pueden generar las AFP por sobre la seguridad de los mismos pensionados… la fórmula utilizada por la Sala no es correcta y sólo pretende garantizar mayores ganancias a las administradoras privadas de pensiones, que han amasado grandes cantidades de dinero a costa del trabajo de la gran mayoría de la población”, explicó.

Por otro lado, dijo que en el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad del presupuesto tiene fines políticos de boicot a las finanzas del Ejecutivo. “Limitando el financiamiento de instituciones de gobierno y al mismo tiempo limitando el desarrollo de programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, finalizó.

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