Séptimo tribunal supremo electoral en el salvador

La Asamblea Legislativa tiene en sus manos elegir, antes del 1 de agosto, al séptimo Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esta figura materializa uno de los Acuerdos de Paz suscritos entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno que inició en 1989,  presidido por Alfredo Cristiani, del partido ARENA.

El TSE se concibió como la máxima autoridad en materia electoral, en la reforma constitucional que fue aprobada y ratificada en 1991 y daría confianza para que pudieran cumplirse la totalidad de los Acuerdos entre el Frente y el gobierno de entonces. Los Artículos 208 y 209 de esa reforma definen el rol del TSE y sus competencias.

Era claro en el proceso de negociación, que las primeras elecciones que deberían realizarse después del conflicto en 1994, requerían de una nueva institucionalidad y una vigilancia especial, nacional e internacional; por eso con la vigencia de la reforma se eligió el primer Tribunal Supremo Electoral de manera transitoria; fue presidido por Rafael Zaldívar, proveniente de una terna propuesta por la Corte Suprema de Justicia y los restantes cuatro miembros  propuestos por los cuatro partidos que en la elección de 1989 habían obtenido más votos (ARENA, PDC, PCN y CD).

Ese tribunal cesó en sus funciones al ser electo otro que se correspondía a lo que establece el Artículo 208, un presidente electo por la Asamblea Legislativa, de una terna propuesta por el partido que ganó la presidencia de la República, dos magistrados propuestos por los otros dos partidos que le siguen en votos y dos procedentes de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, cada uno con su respectivo suplente. Este TSE (el segundo) inició sus funciones el 31 de julio de 1994.

Las primeras elecciones administradas por el primer TSE fueron complejas, eran las primeras en las que participó el FMLN, a escasos meses de haber sido inscrito como partido político y con una ley electoral que dificultaba a la ciudadanía ejercer su derecho al sufragio, pues tener Carnet Electoral y estar en el padrón electoral era un requisito difícil de cumplir para una gran cantidad de ciudadanos, por el burocratismo y los márgenes de discrecionalidad por parte de funcionarios.

Naciones Unidas debió crear una División Electoral que vigiló el proceso antes y durante las elecciones, y allí surgió por primera vez la Junta de Vigilancia Electoral, integrada con representantes de todos los partidos políticos y enfocada principalmente en señalar las fallas existentes en el registro electoral y las dificultades de la ciudadanía para adquirir su carnet.

El TSE sustituyó al Consejo Central de Elecciones, figura cuestionada por los fraudes electorales en tiempos de la dictadura militar, el cual había sido creado con la Constitución de 1950 y que en la práctica era dependiente del presidente en turno.

Las elecciones de 1994 mostraron falencias que fueron señaladas por el FMLN, y recogidas en propuestas que formuló una comisión conjunta creada por el presidente Calderón Sol, pero ignoradas durante mucho tiempo, hasta que en 2009 con la elección del primer gobierno del FMLN se abrió la posibilidad de una reformulación de Código Electoral que -entre otros- desarrolla la función jurisdiccional de esa entidad.

El cambio político del país se puede apreciar con el lente de la crítica al TSE desde su surgimiento, pero también los avances de nuestro sistema electoral han debido ser ejecutados bajo su autoridad, vulnerada sí, por sentencias de la Sala de lo Constitucional desde 2010.

Sin duda el séptimo Tribunal Supremo Electoral deberá asumir el desafío de mejorar esta importante figura, que debe cuidar el respeto a la soberanía popular, el derecho de elegir libremente a los gobernantes a nivel local y nacional. Este y el anterior tribunal han debido cumplir sentencias que expresan el alejamiento del texto constitucional, al imponer a los partidos el proponer personas no afiliadas a partido alguno; requisito que la Constitución dejó establecido únicamente a los que provienen de propuestas de la Corte Suprema de Justicia.

La complejidad se hace mayor con el curso del tiempo y las demandas de mayor democracia electoral. De 355 centros de votación en 1994 se pasó a 1,596 en 2012; de carnet electoral a DUI en 2004, de Concejos Municipales de minorías a Concejos Plurales en 2015, de débiles regulaciones sobre partidos a una Ley de Partidos Políticos; se estableció el voto del exterior y listas desbloqueadas en 2012.

El séptimo TSE debe asumir la evolución surgida, y ojalá junto a la Asamblea y la CSJ logren desmontar la perversa fragmentación del voto, para tener procesos sencillos, claros y accesibles a la ciudadanía.

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