Piden multas para funcionarios por no presentar declaración de probidad

Las leyes de la República prevén multas a las personas que ejercen cargos públicos si no cumplen con sus declaraciones de probidad y patrimonio financiero.

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Kenny Hernández, en primer plano, acompañado de otros abogados de Unajud.

Kenny Hernández, miembro de la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (Unajud), exigió a la Corte Suprema de Justicia aplique las multas a más de 50 funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, que no han presentado su declaración de probidad.

La Constitución de la República y la Ley de Enriquecimiento Ilícito, otorga 60 días a los funcionarios de un gobierno entrante para presentar sus declaraciones a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, y ese plazo ya venció para la mayoría de los funcionarios del gobierno actual.

“A estas alturas no se sabe si la Corte Suprema de Justicia ya emitió una resolución sancionando a estos funcionarios, que por ley de enriquecimiento ilícito deben presentar su declaración de probidad, y de no ser presentadas en los primeros 60 días son acreedores de multas”, recordó el abogado.

Previo a estas declaraciones, Hernández presentó un escrito a la Corte Suprema de Justicia, para que cumpla con una resolución del Instituto de Acceso a la Opinión Pública (IAIP), que emitió una resolución para que informes de probidad de funcionarios y ex funcionarios de los años 2018 y 2019 sean hechos públicos.

Entre la información solicitada y que debe hacerse pública, están las resoluciones de la sección de probidad de la Corte Suprema sobre el patrimonio de la ex vicepresidenta, Ana Vilma de Escobar (que gobernó con Elías Antonio Saca), y Luis Mario Rodríguez, funcionario del ex presidente Francisco Flores, quien además recibió sobresueldos en el gobierno de Saca.

“El propósito de pedir esta información es que se quiere ver la imparcialidad con la que ha actuado la Corte Suprema, se quiere ver el criterio y si es por olfato como declaró un ex magistrado de la Sala de lo Constitucional sobre estos casos”, declaró Hernández a la prensa.

“Veremos si hay un acto de coherencia y aplicar el mismo criterio para todos los funcionarios y ex funcionarios… no hacer selección a unos (de enviar a juicio civil por riqueza ilícita) y a otros sí”, razonó.

“La (información) pedimos como asociación de abogados, porque no se conoce que la Corte haya querido cumplir con esta orden del IAIP y está obligada a proporcionarla”, agregó Hernández.

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