La Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa analizó este martes, la prórroga de las medidas extraordinarias de seguridad.


En el análisis de la Comisión legislativa también participaron las autoridades de justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos y el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, así como el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda.

El próximo mes de abril las medidas extraordinarias cumplen dos años de aplicación y la Asamblea Legislativa analiza su continuidad hasta el 2019.

“Lo que buscamos con esta prórroga es que una vez se levanten las restricciones, se pueda contar con la capacidad de no volver a la situación en la que se encontró el sistema penitenciario”, afirmó el ministro Mauricio Ramírez Landaverde, durante su intervención.

Agregó que la prórroga permitiría el corte definitivo de las señales telefónicas, habilitación de dos centros de detención menor, reconstrucción de sectores en Ciudad Barrios, visita controlada a través de sistema informático y 75 nuevas salas de audiencias virtuales. 

Entre los centros de reclusión que se mantienen con medidas extraordinarias están: Chalatenango, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque y Zacatecoluca.

El vicepresidente Óscar Ortiz calificó como aliados estratégicos en la cruzada para golpear a las estructuras de extorsión a la Asamblea Legislativa: “Creemos que sigue siendo necesario extender, por última vez, el plazo de las medidas extraordinarias. Un año más es necesario porque hay programas que aún están en marcha y hay avances impresionantes como la reingeniería penitenciaria”.

El fiscal Douglas Meléndez dio su apoyo para la continuidad de las medidas extraordinarias porque, a su criterio, han reducido las llamadas desde los centros penales. Solicitó que los programas de protección de testigos y protección de victimas deben ser fortalecidos.

La procuradora Raquel Caballero señaló que a dos años de las medidas extraordinarias “se debe tener una política criminal integral que atienda a víctimas del desplazamiento forzado y también se  aborde la  depuración policial y dignificación de los buenos elementos”.