Por no contar con la mayoría calificada, 56 votos, necesario para superar los vetos presidenciales, diputados de varios partidos de derecha renunciaron a desafiar el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén a la interpretación auténtica de la Ley de Patrimonio Cultural.


La derecha no logró sumar los 56 votos necesarios para superar el veto presidencial a la interpretación auténtica de un artículo de la Ley de Protección al Patrimonio Cultural, elaborado por una comisión especial de la Asamblea Legislativa creada para investigar la intervención de una empresa constructora en el sitio arqueológico Tacuscalco, municipio Nauhulingo, departamento Sonsonate.

Los diputados de Arena, Emilio Corea y Silvia Ostorga; del PCN Serafín Orantes y Antonio Almendáriz; de Gana, Rigoberto Soto; del PDC, Rodolfo Parker y Jorge Mazariego y el no partidario, Leonardo Bonilla, aceptaron que no cuentan con los votos del pleno de diputados para contravenir al Presidente de la República.

A consideración del ejecutivo, el dictamen aprobado por el legislativo el pasado 10 de agosto, fue inconstitucional debido a que corren peligro todos los bienes culturales del país al ser intervenidos sin tener una autorización previa de las instituciones respectivas; el dictamen en referencia surge tras el mandato a la comisión de investigar la construcción de un proyecto habitacional en los límites del sitio arqueológico Tacuscalco.

El diputado Javier Valdez (FMLN) por su parte, agradeció al presidente de la comisión, Antonio Almendáriz, por su posición, en el sentido de “no tratar de superar este veto” e indicó que todos los grupos parlamentarios están en la misma “sintonía”, por lo que secundó la propuesta de elaborar el informe y efectuar las recomendaciones a las instituciones de gobierno, a la empresa privada y poblaciones, respectivamente.

La interpretación auténtica aprobada por la Asamblea Legislativa, al inciso segundo del artículo 8 de la –LEPPCES-, planteaba que “estarán obligados a solicitar la autorización previa del Ministerio de Cultura las entidades responsables de desarrollos urbanos y rurales, obras públicas en general, construcciones o restauraciones privadas, todas ellas vinculadas directamente con un bien cultural así declarado”.

Actualmente el artículo expresa que: "los planes de desarrollo urbanos y rurales, los de obras públicas en general y los de construcciones o restauraciones privadas que de un modo u otro se relacionen con un bien cultural inmueble serán sometidos por la entidad responsable de la obra, a la autorización previa del Ministerio de Cultura”.


 

 

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