El Gobierno de El Salvador emitió un comunicado, en el que reitera su compromiso en la lucha contra la corrupción.

Casa Presidencial, sede de la Presidencia de El Salvador.Casa Presidencial, sede de la Presidencia de El Salvador.


Luego de haber conocido detalladamente el relato de los hechos por parte de la Fiscalía General de la República, ante el proceso judicial en contra del ex presidente de la República, Mauricio Funes, ex funcionarios, empleados de Casa Presidencial y otras personas particulares, el Gobierno de El Salvador consideró que la institución pública tiene el reto de sustentar jurídicamente las acusaciones y presentar las pruebas técnicas pertinentes para demostrar la culpabilidad de los imputados.

“Tenemos confianza en el funcionamiento de nuestra institucionalidad y en nuestro propio ordenamiento jurídico, por lo que, en el marco del debido proceso, confiamos que se le respetará el derecho a la defensa a las personas requeridas”, indicó.

El Gobierno salvadoreño considera que será el sistema judicial, particularmente los jueces, a los que se les encomiende el caso, los que tienen la gran responsabilidad ante el pueblo salvadoreño de esclarecer los hechos, y de ellos esperamos que actúen con absoluta imparcialidad, independencia y sin presiones de ningún tipo, para juzgar conforme a lo que las leyes de la República establecen.

“Nosotros como gobierno, hemos brindado toda la información requerida por las diferentes autoridades en este caso y seremos respetuosos de las decisiones de los tribunales y de sus requerimientos para adoptar las medidas administrativas que sean necesarias. No acusamos ni defendemos a nadie y consideramos que la lucha contra la corrupción no puede convertirse en un asunto para lograr réditos políticos, sino en un esfuerzo conjunto y responsable para la construcción de una sociedad más justa”, dice el comunicado.

Reiteraron que desde el año 2009 iniciaron la lucha contra la corrupción, "es una obligación, no solo del gobierno y los organismos de control, sino de toda la sociedad. Cualquier acto de corrupción debe ser denunciado, investigado y judicializado, siempre en el marco del debido proceso y el irrestricto respeto a las leyes”, reza el comunicado.


 

 

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