Según  el calendario electoral y el plan general de elecciones, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), estamos a ocho meses del evento electoral; Tribunal al cual la Sala de lo Constitucional desajustó con una medida cautelar que dejó a dicha Institución con 4 magistrados propietarios, mientras resuelve una medida cautelar contra el Licenciado Ulises Rivas.

Los críticos de derecha se hacen los olvidados del desequilibrio que sus presiones han creado en la entidad que la Constitución define como la máxima autoridad en materia electoral: el TSE. Con sus alarmantes declaraciones, buscan que la gente olvide el cambio cualitativo que produjeron con sus presiones.

El pluralismo en el pensamiento jurídico está virtualmente ausente en el TSE, y eso sí constituye un peligro para que con opiniones inclinadas dejen de actuar como jueces, con la ley como base y tiendan por su alineamiento a la derecha, a tomar decisiones alejadas de la imparcialidad que se espera de un organismo de esta naturaleza.

Los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, tomaron la medida cautelar y descargaron en suplentes la responsabilidad; pero lo que buscan en verdad es evitar que el TSE sea conformado en la manera en que fue elegido en 2014, para que una suplente, asociada laboralmente a uno de los pre candidatos de Arena sea la que en un momento delicado, defina a conveniencia de la derecha.

Sin duda, la derecha está complacida con las actuaciones de la Sala en materia electoral, está sabedora que el sistema se ha complejizado por sus resoluciones; pero quiere descargar los efectos de esa complicación en el presupuesto, en la supuesta falta de tecnología, o en la falta de empresas que den resultados el mismo día.

Vale la pena informarles o recordarles, que miembros de todos los partidos, en las más de 60 mesas de escrutinio definitivo en las elecciones de 2015, escribieron todo tipo de insultos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por su invento del voto cruzado y subdividido en fracciones que deben sumarse, como la suma de números quebrados, con diferente denominador. Ningún país del mundo tiene un invento similar.

En esas circunstancias, demandar resultados finales la misma noche es una inconsecuencia, pues los que demandan eso, son los mismos que han promovido este tipo de cambios, alentando y aplaudiendo a los magistrados que han trastocado todo principio de sencillez, el cual debe revestir las formas del sistema electoral.

Si es la Junta Receptora de Votos la que hace el escrutinio, debemos tener claro que ninguna máquina la puede sustituir. Esa junta habrá de brindar un servicio patriótico y democrático que reviste voluntad y hasta heroísmo, pues debe aprender cosas que solas son sencillas, pero que una vez se combinan, producen complejidad.

Las JRV deben saber que a cada ciudadano le corresponde únicamente un voto, que este voto vale para el partido que propone a la persona candidata, y al mismo tiempo debe saber que ese voto se emite marcando bandera de un partido, con o sin preferencias, por las personas propuestas; debe saber que si utiliza la preferencia, esta se tabula aparte, y servirá para asignar el escaño que un partido gane en una circunscripción electoral; si las preferencias se expresan por uno, varios o todos los candidatos propuestos por un mismo partido.

Esa JRV debe saber que cuando un ciudadano decide fraccionar su voto asignando partes a dos, tres o todos los partidos, entonces las marcas sobre esos candidatos o candidatos cuentan como fracciones de voto para el partido y como preferencia para cada persona marcada.

El escrutinio del voto cruzado es una suerte de acta sobre cada voto, de modo que si en una mesa se encuentren 20 ó 30 votos cruzados, cada uno es un proceso que debe registrarse en un formato de acta que puede rondar 9 ó 15 hojas.

La pretensión de que una máquina sustituya a la JRV para un escrutinio rápido, en un sistema alterado por la voluntad de 4 magistrados es irreal y no lo ignoran; quieren borrar el recuerdo de esos carteles de quienes, al realizar el proceso, maldicen decenas de veces a quienes crearon ese sistema.

A ocho meses del proceso, la vigilancia debe estar puesta sobre el TSE, para evitar que su correlación le lleve a desviarse de su deber, y en apoyarle, cumpliendo los partidos y la ciudadanía con lo que las leyes le mandan, incluyendo el mandato de no usar las elecciones internas como campaña anticipada, peor aún, si se trata de precandidaturas a las elecciones presidenciales del 2019.


 

 

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