Antes del 1 de junio me comprometí a continuar repasando los logros del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén y lo haré; pero esta vez deseo alertar sobre dos acontecimientos, a mi juicio, arbitrarios y de repercusiones delicadas para el país: el primero, la casi segura declaración de inconstitucionalidad del presupuesto 2017, y el segundo, la captura del Director de Centros Penales. Ambos hechos responden a necesidades de Arena y sus dueños.

En la entrevista a la que fui invitada por TCS, el señor Moisés Urbina afirmó haber sostenido 3 reuniones con el Magistrado Rodolfo González, y que este último le afirmó que ya está lista la resolución de inconstitucionalidad del Presupuesto, luego se conoció la opinión del señor Fiscal en la que afirma que el presupuesto es inconstitucional porque no contiene algunos gastos que deberían estar, y porque en el mismo se aprueba el endeudamiento mediante letras del tesoro, lo cual, a su juicio, que debe acordarse con mayoría calificada.

Este es el posicionamiento del partido Arena y sus dueños; para volverse ellos imprescindibles en la aprobación del presupuesto; bueno sería que votaran por los presupuestos, pero desde el 2009, que perdieron la presidencia de la República, no lo hacen, ya que su estrategia es desprestigiar al gobierno y golpear las finanzas para limitar la obra en beneficio del pueblo. En esa ocasión, la Sala declaró medida cautelar sobre el decreto que permitía pagar la deuda previsional y ya sabemos el daño que con ello causaron; aunada a la conducta de Arena que incumplió su promesa de votar por los bonos, ante la medida de la susodicha sala.

De las afirmaciones del señor Urbina se desprende que el país operará con el Presupuesto de 2016. ¿Qué significa eso? Los trabajadores que tuvieron aumento en salud, MOP y otras instituciones regresarán a su salario igual al del año pasado. Las compras relacionadas con las inversiones en Centros Penales que programó el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia para realizar audiencias virtuales, se detendrían; la construcción de obras en penales, que derivan del desembolso de préstamos habría que detenerlas, el pago de la deuda que era menor en 2016 no podría hacerse, pues los abonos son para finalidades diferentes a las del año 2016.

En total, la inversión estimada en 903 millones de dólares, entre gobierno central y entidades autónomas, se congelaría y con ello, los mecanismos para obtener dinero con deuda de corto plazo, que es a lo que más “hambre” le llevan, ya que dejaría de utilizarse, y con ello cualquier desembolso programado.

Es una aberración jurídica, es una perversidad política, cuyo alcance es imposible dimensionar ante lo que la Sala de lo Constitucional tiene programado, y el pueblo debe saberlo, es cosa de días para que lo hagan.

Sobre la Captura ordenada por la Fiscalía contra el Director de Centros Penales se abre un capítulo peligroso para cualquier funcionario público, sea del partido que sea, en el nivel local y central. Pues los actos de la administración pública están sujetos al examen y juzgamiento de la Corte de Cuentas de la República y si lo que afirma la fiscalía fuera cierto, los hechos y la descripción de los delitos atribuidos al funcionario no se corresponden, y tan absurdo “error” no puede cometerlo un abogado, quizá ni un estudiante de derecho. ¿Entonces, por qué actuar así?

Es que sin duda, el solo hecho de ordenar una captura, sin que la Corte de Cuentas le haya condenado por falta administrativa, o patrimonial y tampoco haya comunicado ella –la Corte de Cuentas-, de que en el juzgamiento a las actuaciones del Director hay indicios de responsabilidad penal, como lo manda la Ley de Corte de Cuentas; indica que es un mandato de poderes externos a la FGR.

Era obligado zapatear, mostrar que puede tocar a medio mundo para ocultar que no puede tocar a quienes firman los recibos de millonarios sobresueldos recibidos en los gobiernos de Arena, o que no puede tocar a quienes recibieron los dineros de las partidas secretas que un periódico digital dice haber encontrado pero que la Fiscalía no tiene ojos para ver.

¿Es que acaso buscarán en la gestión de Belarmino Jaime o de Florentín Meléndez, cuando fungieron como Presidentes de la Corte Suprema, actos no juzgados por la CCR y los mandará a detener? ¿Eso es impensable, verdad?

El circulo de la dictadura judicial se está cerrando en la concertación obvia de los magistrados de la Sala Constitucional y la FGR, y eso es peligroso para el país, debemos al menos mostrar que no nos engañan, que su servicio al gran capital y su partido está a la vista y que merece reproche de la ciudadanía, la que, al fin y al cabo es la víctima de la arbitrariedad que cometen.


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