Un sistema de pensiones solidario, donde las personas cotizan a un fondo común del que se pagan las pensiones colectivas, es sostenible si tiene por lo menos cinco personas cotizando por cada persona jubilada.

Un sistema de pensiones solidario, donde las personas cotizan a un fondo común del que se pagan las pensiones colectivas, es sostenible si tiene por lo menos cinco personas cotizando por cada persona jubilada

Ese era el caso del ISSS y del INPEP, instituciones públicas donde en 1998 cotizaban las personas que laboraban en el sector privado y en el Estado. El ISSS y el INPEP también disponían de ahorro por 338 millones de dólares que podían invertir para financiar obras de desarrollo y generarle rentabilidad al fondo.

Con la privatización realizada durante el gobierno de Calderón Sol se obligó a la mayoría de la población a cotizar en las AFP. Las personas con menos de 36 años y las que obtuvieran empleo a partir de 1998, no importa la edad, tenían que pasarse obligatoriamente a las administradoras privadas (AFP). Las mujeres con edades de 36 a 50 años y los hombres de 36 a 55 años podían decidir si seguían cotizando en el ISSS y en el INPEP o se pasaban a las AFP. Y las personas con más edades, las que pronto se jubilarían, fueron obligadas a quedarse en el sistema público.

Como la mayoría de la gente pasó a cotizar en las AFP, las instituciones del sistema público perdieron cotizaciones y comenzaron a tener problemas para pagar pensiones. Era normal que eso ocurriera, pues mientras el ISSS y el INPEP perdían cotizantes, les tenían que pagar pensiones a una cantidad cada vez mayor de personas pensionadas. En 1998, cotizaban en el ISSS y en el INPEP 205,479 personas. Hoy cotizan alrededor de 10,000 (1% del total) y le deben pagar pensiones a casi 100,000 personas. O sea, tienen una persona cotizante por diez jubiladas. En cambio, las AFP pasaron de 397,438 cotizantes en 1998 a 712,000 en la actualidad, el 99% del total.

En 2001 comenzó el problema de pago de pensiones en el sistema público, pues el ISSS y el INPEP ya habían agotado sus reservas. Entonces el Ministerio de Hacienda tuvo que asumir las pensiones que no podían pagar el ISSS y el INPEP. El gobierno de Francisco Flores vendió bonos por 611 millones para pagar pensiones y el de Saca vendió bonos por otros 600 millones, hasta que en 2006 la Asamblea Legislativa, con los votos de ARENA, el PCN y el PDC, decidió que el gobierno le pidiera prestado a las AFP para pagar pensiones de la gente jubilada del sistema público. Así surgió el famoso Fideicomiso de Pensiones.

La decisión de ARENA de echar mano de los fondos de las AFP para pagar pensiones de personas jubiladas del sistema, implicó una ruptura con el sistema de ahorro individual privado, pues con dinero de personas que cotizan en las AFP se pagan pensiones del sistema público. Es como una vuelta al sistema solidario, pero de manera perversa, pues endeuda al gobierno, que es el responsable de pagar los préstamos que hacen las AFP.

Durante el primer gobierno del FMLN continuó el Fideicomiso, pues hasta hoy se le está buscando una salida al problema del endeudamiento con las AFP. Sin embargo, el gobierno del FMLN tomó tres buenas decisiones: subió las pensiones mínimas; en el caso de la pensión por vejez el aumento fue de 142 a 207 dólares (46%); también redujo de 21% a 17% la comisión que cobran las AFP por las cotizaciones que reciben de la gente y creó el programa de pensión básica universal, de 50 dólares al mes a 32,400 personas de más de 70 años y en pobreza extrema.

Al finalizar 2016, la deuda del gobierno con las AFP adquirida por el Fideicomiso superaba los 4 mil millones y casi representaba el 45% de los fondos de las AFP. El pago de esa deuda le significa al Estado muchos millones de dólares cada año. Esa es la situación heredada de la privatización del sistema de pensiones y del Fideicomiso aprobado por ARENA y sus aliados de entonces.

Desde 1998, las AFP se han ganado 300 millones de dólares y las empresas de seguro, que reciben una parte de las cotizaciones de las AFP, se han ganado alrededor de 250 millones.

La privatización de las pensiones realizada por ARENA benefició a los dueños de las AFP y de las empresas de seguro, pero no cumplió las seis promesas que se hicieron:

Crear una pensión digna. El 80% de las pensiones no son dignas porque los salarios y rendimientos son muy bajos y las AFP y las empresas de seguro se apropiaron de 550 millones provenientes de las cotizaciones de las personas.

Generarles mayores rendimientos a los fondos de pensiones. Ocurrió lo contrario, pues en 1999 estaban en 13% y desde entonces bajaron porque la dolarización provocó una caída de los intereses. Para 2008 los rendimientos estaban en 3% Y si se les resta la inflación de ese año, los rendimientos reales fueron negativos (-2%). Hoy están en 3.71%, o sea, son mejores que como los dejó ARENA pero siguen siendo muy pequeños.

Ampliar la cobertura de cotizantes. Hoy, como en 1998, solo cotiza el 25% de la población económicamente activa porque la mayoría de las personas trabajan en el sector informal y porque en las empresas de la oligarquía trabaja mucha gente sin contrato.

Utilizar los fondos de pensiones para financiar proyectos de desarrollo. Una parte se utiliza para eso, pero casi el 45% de los fondos se han utilizado para pagar pensiones del sistema público.

Creación de un sistema de ahorro individual. La idea era que los fondos de las personas que cotizan se colocaran en una cuenta individual de las AFP que solo se utilizaría para pagar las pensiones de las personas dueñas de dichas cuentas. En 2006 se comenzó a quebrar ese esquema tras la creación del Fideicomiso.

Sostenibilidad del sistema. Justamente lo que se discute hoy es que el sistema no es sostenible, pues quebró al ISSS y al INPEP y obligó al gobierno a endeudarse con las AFP para pagar las pensiones de casi 100,000 personas jubiladas del sistema público.

Por todo lo anterior, urge una reforma al sistema de pensiones que logre por lo menos tres objetivos: ampliación de la cobertura mediante la incorporación de una parte de quienes laboran en el sector informal, mejoría de las pensiones y sostenibilidad financiera mediante la creación de un fondo público solidario que permita pagar las pensiones del ISSS y del INPEP que  hoy paga el gobierno con préstamos de las AFP.


 

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