Hace 40 años, un 28 de febrero, con una masacre en la Plaza Libertad y sus alrededores, la oligarquía cerraba el espacio a la democracia, imponiendo contra la voluntad popular al último General que ocupó la Presidencia de la República, Humberto Romero.

Durante una semana la población salvadoreña acudía a la plaza y a varias cuadras a la redonda, para exigir al Consejo Central de Elecciones que respetara el voto a favor del Coronel Ernesto Claramount Rosseville y Antonio Morales Erlich; candidatos de la Unión Nacional Opositora, UNO.

Mientras eso pasaba en el corazón del país, los trabajadores de distintas empresas paraban labores y los campesinos, con ramas en calles y caminos, bloqueaban los accesos a la capital.

El día 28 se unirían a esa protesta los trabajadores del sector eléctrico, antes que ocurriera, con tanques y fusiles, miles de salvadoreños fueron objeto de un cerco militar y agredidos sin que se supiera a ciencia cierta la cantidad de fallecidos, desaparecidos, y heridos.

A la una de la mañana, cuando recién finalizaba una misa ofrecida por el Padre Alfonso Navarro, con altavoces, los militares pedían desalojar el lugar en 5 minutos, cosa imposible. Los militares, que eran parte de la UNO (integrantes del Movimiento de Unidad Nacional), reaccionaron demandando respeto  a la gente. El Coronel Claramount pidió que cantáramos el himno nacional y aquellas miles de voces se escucharon con fuerza y armonía.

Las puertas de la iglesia El Rosario se  abrieron para albergar parte de la gente, otros rompieron el cerco y salieron hacia la Terminal de Oriente, recibiendo a lo largo del camino, machetazos, culetazos de fusil, persecución. A quienes logramos entrar en la  iglesia,  se nos agredió, rompieron vitrales, introdujeron gases lacrimógenos que provocaban asfixia. La Cruz Roja evacuó, durante toda la madrugada,  por grupos a la gente.

La represión siguió el día siguiente contra quienes, sin saber lo que pasaba, o para mostrar solidaridad, se acercaban al centro capitalino. Fue el cierre de la vía electoral para el pueblo; la inflexión que hizo comprender que era insoportable vivir bajo el yugo de una dictadura, la lucha armada apareció en el imaginario como un deber ciudadano para alcanzar la paz y la democracia.

No es casual entonces que al pactarse en Venezuela la Agenda que se discutiría en la negociación para la solución política negociada, bajo el auspicio de la ONU, el “sistema electoral”, fuera uno de los seis puntos a abordar; porque estaba claro que los fraudes electorales, que conllevan la desobediencia a la voluntad del pueblo, era una indiscutible causa del conflicto;  por eso entre las reformas constitucionales pactadas y aprobadas en 1991, se estableció la creación de una institución que debe ser garante del respeto a la voluntad popular, el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

Los Artículos 208 y 209 de la Constitución, establecen que habrá un Tribunal, que es la máxima autoridad en materia electoral, que estará integrado por 5 magistrados propietarios y sus respectivos suplentes, electos por la Asamblea Legislativa, tres de los cuales serán propuestos por los partidos que hayan obtenido más votos en la última elección presidencial y dos de ellos, de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. Los tres primeros, serán electos con mayoría simple, y para los dos restantes, con mayoría calificada. La Constitución establece además que los dos propuestos por la CSJ no deben tener afiliación partidista y que no debe prevalecer en los organismos electorales ninguna coalición o partido.

Los partidos políticos en nuestra Carta Magna son el único medio para buscar la representación del pueblo en el gobierno. Principios constitucionales estos que vienen siendo violentados por la Sala de lo Constitucional desde 2010, y  justamente cuando se cumplían 25 años de la firma de la Paz, esta sala inició el retroceso más grande a estas conquistas alcanzadas con sacrificio del pueblo.

Cuatro Magistrados han suspendido al Magistrado propuesto por ellos mismos, el Licenciado Ulises Rivas. Con ello producen un desequilibrio en la integración del TSE, crean una correlación  alineada al partido de la oligarquía, lo que lleva a recordar que la ruptura de bases de la república  y de la democracia, lo que violenta derechos civiles y políticos fundamentales, puede acarrear consecuencias inesperadas en la vida de los pueblos.

Quienes hemos luchado toda la vida por la democracia en nuestra patria, vemos con preocupación las acciones de la Sala en la transformación del sistema electoral en contra de la misma Constitución.

Asoma el recuerdo de los fraudes electorales del pasado y se vuelve imperativo alertar y luchar contra ese peligro. Romper el Acuerdo de Paz, poner en peligro la democracia electoral es algo muy grave que debe llevarnos a pedir un alto, a decir Basta Ya!!


 

 

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