Ha quedado demostrado que la privatización de las pensiones aprobada en 1996 y aplicada plenamente desde 1998, inició un ciclo de endeudamiento público sin cumplir lo establecido  en los artículos 131 y 228 de la Constitución, en los que se establece con claridad que,  “ninguna suma podrá comprometerse o abonarse con cargo a fondos públicos, si no es dentro de las limitaciones de un crédito presupuesto” y que la Asamblea Legislativa tiene la atribución de  “…decretar leyes sobre el reconocimiento  de la deuda pública  y crear y asignar  los fondos necesarios para su pago”.

Al privatizar y entregar las cotizaciones a las AFP, y asegurar el pago de comisiones y márgenes de ganancia, al tiempo de dejar sin ingreso al Estado  y con la obligación de pagar pensiones mínimas, pagar los certificados de traspaso, los privilegios a un segmento de trabajadores del sector privado y después los intereses y capital por el dinero prestado al Fondo de Pensiones, que han servido para pagar las pensiones,  nunca le dieron al Estado un centavo de donde pagar esas obligaciones de monto indeterminado y sin definir,  y que ha llegado a representar más de 24 mil millones de dólares.

Es preciso preguntarle a la derecha y principalmente a ARENA ¿Dónde está el decreto que dijera de qué tamaño sería la deuda que estaban creando?,  ¿dónde está la ley que diga de dónde pagar esas deudas? Y se atreven a hablar de cuentas claras, de ordenamiento de las finanzas  públicas, cuando son ellos los responsables del desorden acumulado a lo largo de las últimas dos décadas en materia de pensiones.

Las ganancias fueron aseguradas a las AFP; el mecanismo de endeudar al Estado de modo automático fue asegurado al crear el FOP, pero ahora que en la práctica quiebra ese modelo carente de fuentes de financiamiento,  y es la hora de cambiar ese modelo, el principal partido que impuso la privatización, se hace el olvidado.

En los primeros meses de este año, los límites de endeudamiento para pagar pensiones llegan a su tope.

No habrá con que seguir pagando las pensiones si no se hacen las reformas que aseguren al Estado poder pagar las pensiones y si no se aseguran con emisión de deuda (como se hizo con los primeros 1,300 millones de dólares para pagar pensiones entre 2001 y 2006), los recursos para pagar las obligaciones correspondientes al año 2017, (bloqueadas por medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional).

La esencia del problema es simple, pero ha sido ocultada por el interés de los privatizadores: se endeuda ilimitadamente al Estado en virtud de decretos que no establecieron la fuente de financiamiento, mientras se hacen negocio para los privados. La solución radica entonces, en hacer lo que el artículo 131 de la Constitución establece y que en 1996 no hicieron los privatizadores: hacer una nueva ley que permita al Estado obtener los fondos para pagar las obligaciones de pago y que fue ignorado al privatizar las mismas.

La base de esa reforma urgente está clara en la propuesta presentada por el Presidente el año recién pasado y que consiste en crear un pilar público al cual contribuyan todos los cotizantes, con la misma tasa de cotización  vigente: la parte correspondiente de la cotización hasta dos salarios mínimos, ya que quien tiene un salario equivalente a ese monto, tendrá como máximo, el derecho a una pensión mínima, que paga el Estado. Quien tenga salarios mayores, cotizaría el resto al pilar privado; de modo que al jubilarse recibirá la pensión mínima del Estado y un complemento del pilar privado.

Esta reforma mantiene el rol de las AFP en el cobro, y en consecuencia mantendrían su capacidad de seguir ganando.

Ha llegado la hora de ver la verdad de los números y descubrir que el Estado ha pagado con creces sus obligaciones correspondientes al período anterior a la privatización, pero jamás podrá hacer frente a obligaciones que quedaron descubiertas  en lo que corresponde a la fuente de financiamiento.

Defender a los pensionados, garantizar el pago de las pensiones y además mantener las entidades privadas haciendo su negocio lo asegura una reforma, dejar de hacerla es condenar a todos  a la quiebra. Esta realidad, que se negaron a ver, la cual, para que el pueblo tampoco la viera, impulsaron una campaña infamante y mentirosa, debe salir a la luz para asumir los deberes de enmendar el más grande engaño a los trabajadores y la más grande deuda a toda la sociedad salvadoreña.

Que las universidades, los gremios de economistas, actuarios, abogados y trabajadores digan su palabra sobre los resultados de esa privatización en la hora de su ocaso y el minuto justo de un cambio.


 

 

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