El Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacushcalco y el río Ceniza, exigió esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) dar cumplimiento de medidas cautelares al proyecto urbanístico Acrópolis, ejecutado por la empresa Fénix vinculada a Salazar Romero.

 FOTO VD/ Al centro, el representante del Equipo Técnico de la Unidad Ecológica Salvadoreña, Salvador Recinos. FOTO VD/ Al centro, el representante del Equipo Técnico de la Unidad Ecológica Salvadoreña, Salvador Recinos.


La demanda que el movimiento Tacushcalco hace al Estado es que exista un adecuado resarcimiento de los daños provocados en términos culturales al sitio arqueológico Tacushcalco, que tiene más de 2 mil años de historia. Asimismo, de los daños ambientales que se han provocado por las construcciones del proyecto Acrópolis en el Rio Ceniza, en el departamento Sonsonate.

“Estamos reintegrando el llamado al Estado salvadoreño para que garantice justicia en el caso de destrucción del sitio sagrado Tacushcalco y en la amenaza que presenta Acrópolis para las aguas del rio ceniza, sistemas hídricos y para las personas que están relacionadas en ese tan importante rio”, dijo el representante del Equipo Técnico de la Unidad Ecológica Salvadoreña, Salvador Recinos.

Por lo cual, solicitan justicia al Estado a través de las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional civil (PNC), ya que consideran que las instituciones están careciendo de un plan activo en este caso, en ese sentido esperan que la FGR promueva las acciones penales correspondientes a la empresa Fénix, según lo mandata la Constitución de la República.

En total son 1,500 personas las afectadas por esta construcción que viven en las cercanías del rio Ceniza en la localidad de Nahulingo y Sonsonate. De igual forma, se pone en riesgo el patrimonio cultural del país que contiene el sitio arqueológico de Tacushcalco.

“Hubo intentos en la Asamblea Legislativa de forma una comisión que pretendía modificar el inciso 2, del artículo 8 de la Ley de Protección al patrimonio para beneficiar a una empresa”, mencionó el miembro del Movimiento Tacushcalco, Román Cartagena Leiva.

De igual forma, el Movimiento Ciudadano se manifestó en contra el reciente nombramiento del Fiscal General de la República, Raúl Melará, por considerarlo que está vinculado a las élites económicas del país, y por lo tanto su trabajo será parcial al favor de la derecha.

“Vemos con mucha preocupación esa situación y para ese caso de Tacushcalco estamos sumándonos a las voces que están demandando que sea declarada inconstitucional el proceso de elección del Fiscal General de la República y que la Asamblea Legislativa abra un nuevo proceso para elegir a un nuevo o nueva fiscal que, si se comprometa con la lucha contra la corrupción y la legalidad en nuestro país”, concluyó Recinos.