Parlamentarios de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, avalaron este martes la iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para aprobar un Decreto Transitorio que permita trasladar más de 3,000 privados de libertad de bartolinas a centros penitenciarios.


Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia, señaló que este esfuerzo está ligado al proyecto de construcción de tres centros de detención de menores (CDM), en función de generar un considerable impacto en el hacinamiento que actualmente tiene el sistema de bartolinas, por lo que ya se cuenta una proyección del número traslados a desarrollarse una vez inicie la fase l del proceso.

“Son 3 mil privados de libertad aproximadamente, para que cuando tengamos el tercero y último CDM, que es el de Izalco, podamos concluir este movimiento ya en una segunda fase a desarrollar en enero, o a más tardar febrero del próximo año, y con eso pues prácticamente estaríamos moviendo los aproximadamente 4,500 que se encuentran en este momento en bartolinas”, expresó.


 


El viceministro de Seguridad Raúl López, mencionó que se ha logrado avanzar considerablemente en disminuir el hacinamiento en el sistema penitenciario del país, pasando de una sobrepoblación del 400% al 150 %, por lo que la iniciativa se espera replicar en el sistema de bartolinas.

Mencionó además las razones del porque no es recomendable seguir con la tendencia actual de hacinamiento en bartolinas, donde actualmente se encuentran 4 mil 700 privados de libertad.

“Existe un riesgo altísimo de fuga de los privados de libertad, porque las bartolinas policiales no están construidas, no están diseñadas para albergar privados de libertad, no deben de haber privados de libertad en bartolinas, porque en primer lugar, la Policía Nacional Civil no tiene presupuesto para darle alimentación a los privados de libertad, tiene que ser la familia la que a diario trate de llevar la comida a los parientes que se encuentran en situación de internamiento dentro de las bartolinas policiales, además no tienen acceso a los servicios de salud como lo tienen los privados de libertad que ya se encuentran dentro del sistema penitenciario”, agregó.

El decreto fue observado por un representante de la Corte Suprema de justicia Roberto Angulo, quien consideró que el traslado referido en el decreto, no se enmarca dentro de lo que establece el artículo 91 de la Ley Penitenciaria.

“Porque los traslados que establece la Ley Penitenciaria es en el régimen del sistema penitenciario, y se establece que es el director general de centros penales el que va hacer esos traslados, porque ya están bajo su gobierno, están bajo su custodia, están bajo la seguridad del director de Centros Penales, con todo el sistema penitenciario, con todas las bondades que tiene el sistema”, aseguró.