La primera propuesta de Ley General de Aguas fue presentada a la Asamblea Legislativa por el Foro del Agua de El Salvador, representante de un amplio conglomerado de organizaciones en el año 2006.


En 2011, el Foro del Agua modificó su propia prouesta con nuevos insumos, y en el año 2012, en la presidencia de Mauricio Funes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó una nueva Ley General de Aguas -consensuada con el Foro del Agua-, que mejoraba la anterior propuesta, además de incorporar muchos elementos elaborados por el Foro, y se consideró como la propuesta oficial del Ejecutivo apoyada por más de 100 organizaciones.

El MARN y la bancada del FMLN le dieron iniciativa de Ley y de este modo comenzó su estudio en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso.

La Asociación de Regantes de Atiocoyo, asesorada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico Social -Fusades- y abogados de la ANEP, presentaron otra propuesta que provocó se alargara el debate legislativo en torno a determinar la institucionalidad que regulará y regirá el recurso. Fue presentada en 2013.

Entre 2014 y 2015, la Comisión de Medio Ambiente llegó a acuerdos sobre 92 artículos planteados en la propuesta del MARN. En todo este proceso, los partidos de derecha se dieron a la tarea de bloquear el debate y bloquear los avances apoyando a la Asociación de Regantes sobre la institucionalidad del agua.

En 2017, con el objetivo de desbloquear el debate legislativo sobre el agua y contribuir con insumos concretos, la Universidad Centroamericana (UCA) elaboró una propuesta técnica enfocada solo en la institucionalidad del agua.

Esta propuesta fue apoyada por la iglesia católica, Cáritas de El Salvador y la Producraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Finalmente, el mes de junio pasado, el bloque de partidos de derecha presentan su propuesta conocida como Ley Integral de Agua, y aprobaron hace un poco más de una semana cinco artículos de su contenido en la Comisión de Medio Ambiente que otorga control de la Autoridad Nacional del Agua a la empresa privada representada por ANEP.

ANA sería conformada por dos representantes elegidos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); dos a propuesta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures), gremial dominada por el partido Arena; y un representante designado por el Presidente de la República.

La gravedad de la constitución de la Autoridad Nacional del Agua -de la cual solo recogen el nombre de la propuesta de la UCA- es que está por encima de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).