El ex gobernante Mauricio Funes cuestionó la decisión del juez Quinto de Paz, Salomón Landaverde, por enviar a fase de instrucción el caso, pese a que el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía admitió que el ministerio público no tiene pruebas para incriminarlo.

 Foto de archivo de Juez Salomón Landaverde. Foto de archivo de Juez Salomón Landaverde.


"El juez admite la demanda de la Fiscalía sin pruebas y lo pasa a la fase de instrucción", señaló Funes refiriéndose a la decisión del juez Landaverde, decisión que fue duramente criticada por el presidente salvadoreño.

"Me parece un mal precedente y una verdadera aberración jurídica" de parte del juez, dijo Funes al conceder declaraciones a un noticiario de Megavisión.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió orden de captura contra Mauricio Funes, a quien acusa de malversar 351 millones de dólares de la partida de gastos imprevistos de la Presidencia de la República, acusa también a funcionarios y ex familiares de Funes.

Desde un inicio, el ex presidente consideró el proceso judicial en su contra como "arbitrarias" que responden a una persecución política.

Durante su mandato (2009-2014), Funes denunció la existencia de un Reporte de Operaciones Sosepechosas emitido por Tesoro de Estados Unidos de 10 miillones de dólares, movidos por el ex presidente de Arena, Francisco Flores Pérez (1999-2004), en cuentas de un banco de Miami, Florida.

Sobre los 10 millones de dólares, una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa determinó que esos fondos provenían del Gobierno de Taiwán y fueron otorgados al Gobierno de El Salvador para atender la emergencia causada por dos terremotos en 2001, en la gestión de Flores Pérez.

El dinero nunca llegó a los damnificados, fue desviado al instituto de formación política de Arena para financiar la campaña presidencial del partido en 2004. Flores Pérez fue detenido y sometido a un proceso del que salió libre, meses después falleció.

Mauricio Funes también denunció la privatización disfrazada de los activos de la empresa estatal CEL a favor de Enel Green Power, sobre esta denuncia, el ex presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, y otros exvfuncionarios como el ministro de Economía, Miguel Lacayo, fueron sentados en el banquillo de acusados.

Tras un largo proceso fueron abueltos. Nunca estuvieron presos. Después del juicio, el gobierno del ex presidente Salvador Sánchez Cerén recuperó el control de la CEL al revertir la venta de activos a favor de un privado, para la generación de energía eléctrica, con lo que recuperó uno de los bienes estratégicos del Estado: la generación de energía geotérmica.