La visita a pandilleros se aplicará en dos penitenciarías, Ciudad Barrios (San Miguel) y San Francisco Gotera (Morazán), al finalizar la aplicación de las medidas extraordinarias a finales del mes de octubre.

Director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima.Director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima.


La modalidad será pláticas por teléfono y frente a una ventana de vidrio, estas visitas serán monitoreadas por cámaras de videovigilancia y no se tendrá ningún contacto físico.

"Posiblemente se habilitará, antes de que se termine la prórroga, visita en los penales de Ciudad Barrios y Gotera", dijo Marco Tulio Lima, director general de Centros Penales.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que las visitas serán "reguladas y adaptadas" a la capacidad de cada prisión, en su duración y frecuencia, para no saturar las instalaciones.

La Asamblea Legislativa prorrogó la aplicación de las medidas extraordinarias en seis centros penales hasta el 30 de octubre próximo.

Las medidas incluyen la suspensión de visitas, el encierro permanente de los reos, traslados expeditos a la cárcel de máxima seguridad, el corte de las telecomunicaciones en los penales y la creación y mantenimiento de centros temporales de reclusión.

A partir de mayo, las familias de los reos deben acudir a la oficina de la Dirección General de Centros Penasles (DGCP) para inscribirse y obtener información. Esos datos también servirán para el registro de las visitas.

Centros Penalesdio la información en el lanzamiento de una Unidad de Derechos Humanos en centros penales. La unidad está integrada por abogados que fueron seleccionados por la Corte Suprema de Justicia.

Centros Penales informó que esta instancia dará "asesoría jurídica, información sobre condiciones de salud de internos y situación jurídica en general" a la familia de los presidiarios de las 6 cárceles que albergan pandilleros.

"El objetivo de la creación de la unidad es garantizar el respeto y el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad", apuntó Lima, que destacó que se han instalado 25 clínicas para los 2,900 presos con enfermedades crónicas y terminales.