El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) sostiene que la incidencia delincuencial de adolescentes es mucho menor que la de las personas adultas.

Foto VD/ Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA).Foto VD/ Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA).


Ante información publicada en medios de comunicación nacional, que atribuye a personas menores de 18 años de edad un grado de participación igual que el de las personas adultas en el delito de feminicidio, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) sostiene que la incidencia delincuencial de adolescentes es mucho menor que la de las personas adultas.

“La percepción ciudadana ubica a las personas adolescentes con una alta participación en hechos delincuenciales, sin embargo, las estadísticas demuestran que la incidencia delincuencial de adolescentes es mucho menor que la de las personas adultas. Según cifras oficiales, 1 de cada 10 delitos, es cometido por adolescentes. Para el año 2017, la Fiscalía General de la Republica (FGR) reporta 237 personas procesadas por el delito de feminicidio, 225 son personas adultas (90.7%) y 22 son adolescentes (9.3%)”, sostiene el CONNA a través de un comunicado.

Por otra parte, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), reporta que en ese mismo año 10 adolescentes se encontraban en internamiento por dicho delito. No obstante, se ha manejado que el 50% de los feminicidios son cometidos por adolescentes, lo cual no corresponde a las cifras reales.

Para el CONNA, “el abordaje simplista de la violencia generada por adolescentes, crea una impresión distorsionada y la exigencia de medidas más represivas, como el incremento de penas y la aplicación de normal concebidas para personas adultas. En ese contexto, ser adolescentes representa un estigma y un riesgo para la vida y el desarrollo”.

De igual forma, plantea que la violencia delincuencial constituye una vulnerabilidad extrema para las personas adolescentes. Prevenir la participación de estas en hechos delictivos como el feminicidio y el homicidio es un desafío permanente para el Estado y la sociedad. No obstante, la administración de justicia debe garantizar que se investigue, proceso y sancione a quienes cometan o promuevan estos delitos.