Las 76 familias que viven en la finca El Espino y que afrontan una situación de desalojo por orden judicial, contarán con el apoyo económico del Gobierno de El Salvador.

Foto VD/ Al centro; ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala.Foto VD/ Al centro; ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala.


El ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, informó este viernes que las 76 familias que viven en la finca El Espino y que afrontan una situación de desalojo por orden judicial contarán con el apoyo económico del Gobierno de El Salvador.

Ayala detalló que proporcionarán a los grupos familiares cheques con un monto determinado de dinero, así como las facilidades para la adquisición de una vivienda de interés social.

“El Gobierno brindará apoyo económico a 76 familias de la Comunidad El Espino. Esta solución para las familias es humanista, integradora y con justicia social", manifestó el ministro Ayala.

El gobierno ha destinado $764,000, los cuales se distribuirán en dos tipos de cheques: uno por $12,000 para las familias que no cuenten con ningún inmueble fuera de la finca El Espino; y, otro, por $4,000 para quienes se les comprobó que poseen alguna propiedad.

El plazo estipulado para el retiro de las familias del terreno es de 15 días calendario, contados a partir del día viernes 20 de abril, fecha en la que se dará inició a la recolección de documentación.

Una vez completa la documentación FONAVIPO, en un plazo de 4 días hábiles, entregará el 50% del valor del apoyo económico a las familias (firmarán Acta de retiro voluntario de las familias en posesión del inmueble denominado El Espino), y estas contarán con 3 días calendario para el retiro del terreno, las familias deberán informar de su retiro a FONAVIPO dentro del plazo establecido.

En julio de 2014, la familia Dueñas Herrera interpuso una demanda contra la comunidad El Espino, bajo el cargo de usurpar terrenos privados que forman parte de sus propiedades. Después de pasar por las instancias judiciales, el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán resolvió que las familias debían desalojar la propiedad.

Un grupo de 18 afectados de la comunidad interpusieron un amparo ante la Sala de lo Constitucional para detener estas acciones. El amparo fue admitido y el desalojo fue suspendido como medida cautelar. Los solicitantes del amparo argumentaron que se emitió una sentencia en la cual los declaraban invasores, pero no fueron incluidos en el proceso y nunca tuvieron posibilidad de defenderse y ser escuchados.

El 9 de febrero de 2017, la Sala de lo Constitucional resolvió que los habitantes de la comunidad debían ser desalojados dentro de un plazo máximo de seis meses.

El fallo además trasladó la responsabilidad de reubicar a las familias al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, y que actualmente el Gobierno cumple con la responsabilidad y con el compromiso de atender a las familias afectadas.