La Mesa Permanente Para la Gestión de Riesgos (MPGR), destacó que El Salvador ha pasado de estar en los primeros lugares de los países más vulnerables a nivel mundial, y ahora se ubica en la posición 47, de acuerdo con el índice de riesgo climático de Germanwatch.


En el marco del aniversario de los terremotos de los días 13 de enero y 13 de febrero de 2001, la Mesa Permanente Para la Gestión de Riesgos (MPGR), presentó un análisis de los eventos sísmicos ocurrido hace 17 años, asimismo un balance sobre la situación de riesgo en el país durante el año 2017.

En este contexto, exigió al Estado salvadoreño la urgente necesidad de la aprobación de una Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos.

Los días 13 de enero y 13 de febrero del año 2018, se cumplen 17 años de ocurridos los terremotos de 2001. El sismo se consideró el más devastador con una magnitud de 7.6 grados en la escala de Richter que provocó la muerte de 944 personas.

El segundo ocurrido el 13 de febrero, con magnitud 6.6 grados afectando principalmente los departamentos de La Paz, San Vicente y Cuscatlán, se reportaron 315 fallecidos.

En ambos terremotos se reportaron 1,237 edificios públicos dañados, 149,563 viviendas destruidas, 24 hospitales dañados, 516 derrumbes, entre otras afectaciones.

Las pérdidas económicas ocasionadas por estos terremotos se estimaron en 12% del Producto Interno Bruto PIB.

La Mesa Permanente llama a la sociedad salvadoreña a reflexionar sobre las múltiples amenazas de origen natural y socio natural, las cuales aumentan las condiciones de vulnerabilidad y ponen en riesgo vidas humanas.

“Debemos tener presente que, si bien El Salvador ha pasado de estar en los primeros lugares de los países más vulnerables a nivel mundial y ahora se ubica en la posición 47, de acuerdo con el índice de riesgo climático de Germanwatch, el hecho de que la vulnerabilidad territorial sea del 88.7% nos pone en una situación de riesgo latente ante eventos extremos”, destacó la institución en un comunicado de prensa.

Además, critican que observan una debilidad de los Tribunales Ambientales al no ser dotados de recursos y presupuesto que les permita ejercer correctamente sus funciones. Asimismo, no se ha puesto en marcha la Ley de Ordenamiento Territorial.

“Ante esta situación es necesario prevenir para evitar tragedias humanas, por lo que hacemos un llamado a la sociedad salvadoreña a que se sume a la exigencia de una cultura de prevención que permita generar pensamiento y conocimiento desde la perspectiva de la gestión integral de riesgos”, señalan.

Y finalmente exhortan a los partidos políticos, ahora en campaña electoral, a comprometerse en el abordaje de la temática con un enfoque de gestión integral de riesgos. Por lo que exigieron se retomen la reforma a la Ley de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres, con el objetivo de dotarla de más contenido preventivo.