Con estandartes en las que resaltaban los rostros de seis sacerdotes y dos de sus colaboradoras -Elba Ramos y Celina Ramos-, acompañados de centenares de farolitos, se recordó en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) el legado de los mártires jesuitas asesinados por el ejército en noviembre de 1989.


Comités eclesiales de bases, comunidades, entre ellas la comunidad jesuita, estudiantes y académicos reclamaron una vez más justicia, al conmemorar el brutal crimen.

El jesuita salvadoreño Miguel Vásquez, párroco de Arcatao, Chalatenango, exigió el sábado en la misa de aniversario "no impedir que lleven a juicio en cortes internacionales" a los autores intelectuales y materiales de la matanza de sus compañeros.

Al dirigir la homilía a los asistentes, Vásquez pidió al sistema de justicia "que den señales claras que en El Salvador se puede y se debe llevar a juicio a los autores intelectuales y materiales" de los asesinos de los jesuitas.

En declaraciones a una agencia informativa y justo antes de la misa, otro sacerdote jesuita, José María Tojeira, declaró "La justicia es una deuda pendiente del Estado, porque la gente ha reparado más que ampliamente la muerte de los padres y sus colaboradoras con su ternura, su cariño y su recuerdo permanente.

Como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Tojeira lamentó que el Estado salvadoreño haya sido "incapaz" de ver como "la gente buena" desea "verdad, justicia, reparación, reconciliación y perdón" en el múltiple crimen de la universidad y en otras masacres cometidas durante la guerra civil (1980-1992).

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron a seis sacerdotes y dos empleadas en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Entre ellos, al rector Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.

De acuerdo con el sacerdote Vásquez, organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado 227 masacres en el conflicto armado, siendo las más terribles El Mozote, río Sumpul y El Calabozo, entre otras.

Todas son atribuidas a fuerzas del ejército. Chalatenango encabeza la lista con 55; San Vicente, 33; La Paz, 27; Morazán con 19; Cuscatlán, 15 y San Salvador 11.

Con 10 cada uno los departamentos de Santa Ana y Usulután; Cabañas, 9; La Libertad, 8; Sonsonate, 4; San Miguel, 3; La Unión, 2 y Ahuachapán, 1.

"Esclarecer y juzgar a los autores de estas masacres es una deuda de la administración de justicia que no llega y debe llegar", dijo Vásquez al poner como ejemplo la masacre El Mozote donde fuerzas militares asesinarron a más del mil personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos.

"Exigimos no quede en la impunidad los autores materiales e intelectuales de estas masacre, entre ellos el alto mando de la Fuerza Armada; grupos económicos que estuvieron en el poder y algunos todavía siguen en el poder y el apoyo político y militar que el gobierno de Estados Unidos dio a estos grupos y a esta política", señaló el jesuita.