El informe indica que en las administraciones del ex presidente Cristiani y Calderón Sol, no se encuentra información completa sobre el uso de los fondos públicos. 

Secretaría de Participación y Transparencia presenta informe de trasferencias a entidades privadas desde junio de 1989 hasta junio de 2017Secretaría de Participación y Transparencia presenta informe de trasferencias a entidades privadas desde junio de 1989 hasta junio de 2017


La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia (SPTA), presentó este martes su Primer Informe de Transparencia, que trata sobre las transferencias de fondos públicos hechas por Casa Presidencial a entidades privadas, desde junio de 1989 hasta junio de 2017. 

El documento transparenta la asignación de $21,6 millones a 137 instituciones privadas desde el gobierno del ex presidente Alfredo Cristiani hasta la actual administración del presidente Salvador Sánchez Cerén. 

Las fuentes de información para elaborar el informe fueron los registros de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, los Acuerdos Ejecutivos, los Dictámenes de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, el Registro de Asociaciones y Fundaciones del Ministerio de Gobernación, entre otros.

La documentación consultada muestra que para el otorgamiento de los $21,6 millones antes de 2009 solamente el Presidente de la República lo decidía y, desde 2010, la Asamblea Legislativa es la que decide principalmente sobre las transferencias.

Marcos Rodríguez, Secretario de Transparencia, explicó que para los periodos gubernamentales de Cristiani, Calderón Sol, Flores y Saca, el 100% de las transferencias fueron asignados y autorizados por el Presidente a través de acuerdo ejecutivo, sin intervención del Congreso. 

También dijo que el informe indica que en las administraciones de Cristiani y Calderón Sol no se encuentra información completa sobre el uso de los fondos. 

Por ello, afirman que no ha existido una adecuada regulación sobre la prevención o manejo de los conflictos de intereses en el proceso de asignación, autorización y ejecución de las transferencias de fondos públicos a entidades privadas, ya que se han identificado cinco casos que violan lo establecido sobre conflictos de intereses en la Ley de Ética Gubernamental. 

En ellos se mencionan a las ex primeras Damas de la República Elizabeth de Calderón, Lourdes de Flores y Ana Lidia Mixco de Saca, quienes administraron recursos  en las instituciones privadas Bienestar Familiar (posteriormente renombrada como Asociación Familias en Progreso), Fundación la Niñez Primero, Comité Proyección Social-San Salvador y  Fundación Virgen del Rosario.

Para combatir estas irregularidades, Rodríguez recomienda aprobar una ley que transparente la asignación de los fondos y que permita un mayor control –gubernamental y ciudadano– sobre su implementación, de acuerdo a los fines para los cuales hayan sido otorgados y las sanciones por incumplimiento.