El Gobierno de Nicaragua presentó el jueves un anteproyecto de ley que tiene como fin promover el diálogo y reconciliación entre todos los partidos.

Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.


Según la iniciativa divulgada por el Ejecutivo nicaragüense, presidido por Daniel Ortega, el anteproyecto denominado “Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz”, tiene por objeto establecer el marco jurídico general que garantice una política de Estado en esos temas.

La Administración actual espera que la aplicación de esta ley ayude a la eliminación de la violencia que se produce en las personas, las familias y en las comunidades, tanto en el ámbito personal, familiar y comunitario.

“Estas manifestaciones de violencia y los métodos violentos para resolver los conflictos pueden cambiarse a través de una cultura de paz”, señaló el Ejecutivo en la iniciativa.

El anteproyecto sugiere resolver los desencuentros “aportando soluciones a la transformación y a la construcción de ambientes saludables, sanos en la familia y la comunidad, mediante estrategias de promoción de valores”, que permita eliminar la violencia como método para resolver los conflictos.

Desde mediados de abril de 2018, Nicaragua ha enfrentado una crisis que ha dejado severas afectaciones a ese país. El Gobierno de Nicaragua sostiene que la crisis sociopolítica fue provocada por organismos nacionales financiados por Estados Unidos que promovían la desestabilización nacional.

La Cancillería de Nicaragua ha cifrado en 961 millones de dólares los daños económicos ocasionados en los actos violentos, calificados de un “intento de Golpe de Estado” por la Cartera nicaragüense.

El subprocurador de derechos humanos de Nicaragua denunció recientemente que Estados Unidos aún realiza maniobras desestabilizadoras en este país con el objetivo de derrocar al Gobierno de Ortega.

Por otro lado, El Gobierno de Daniel Ortega apuesta a recuperar la economía con la ayuda de pequeños y medianos empresarios, amortiguando un poco las sanciones impuestas por EE.UU.

A pesar de las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a través de la aprobación de la ley de Condicionalidad de la Inversión Nicaragüense, conocida como NICA Act (acrónimo en inglés de Nicaraguan Investment Conditionality Act), que controlará el financiamiento internacional destinados a la ejecución de programas sociales, el Estado nicaragüense asegura que este país no se detendrá en su avance para recuperar la estabilidad que había en el país sudamericano antes del 18 de abril de 2018, cuando iniciaron las protestas en contra de unas fallidas y revocadas reformas a la Ley de Seguridad Social.

El Gobierno de Daniel Ortega y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) sostienen que trabajarán por levantar la economía de este país apostando a recuperar el crecimiento del cinco por ciento anual que venía presentando esta nación antes de 2018.

Para el sindicalista y diputado sandinista, Luis Barbosa, a pesar de las políticas intervencionistas de los Estados Unidos, el Gobierno de Ortega superará las sanciones, como las impuestas por el país norteamericano en la década de los 80.


 

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