Argentina oficializa un polémico reglamento que permite a las fuerzas federales disparar sin aviso contra cualquier persona que sea considerada “sospechosa”.


El Ministerio de Seguridad de Argentina, que dirige la ministra Patricia Bullrich, publicó el lunes, en el Boletín Oficial, una nueva resolución sobre el Reglamento de Uso de Armas de Fuego para las cuatro fuerzas de seguridad federales de ese país, la cual entró en vigor esa misma jornada.

El reglamento legaliza disparar contra una persona sobre la que luego se compruebe que tenía un arma de juguete, o bien disparar a alguien que forme parte de un grupo donde otro individuo porte un arma, o también disparar a quien haga un movimiento que el agente de policía de turno interprete que puede ser para sacar un arma.

La nueva medida otorga mayores libertades a las fuerzas federales y les autoriza el uso de armas de fuego ante cualquier “peligro inminente”, de manera que podrán descargar su armamento sin dar la voz de alto o sin que medie una agresión directa e, incluso, disparar contra personas que estén huyendo, es decir, legaliza lo que hizo el policía Luis Chocobar al disparar por la espalda a un delincuente de 18 años que huía en diciembre de 2017.

La normativa considera un “peligro inminente” el que “se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas”, o en caso de que “el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”.

El reglamento aprobado por la ministra Bullrich generó las críticas y el inmediato rechazo de la oposición y distintos organismos de derechos humanos e instituciones destinadas a proteger las garantías de los ciudadanos, aseveró el diario local Página 12.

El defensor adjunto de la ciudad de Buenos Aires (capital argentina), Luis Duacastella, denunció que “en lugar de proteger la vida de los ciudadanos, el Estado impone la violencia”.

Según citó Página 12, Duacastella agregó que el reglamento “incluye, bajo el ropaje del cumplimiento del deber y la legítima defensa, situaciones en que el peligro ha cesado”.

Por su parte, Román Ariel, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), consideró que la decisión gubernamental legaliza el abuso de la fuerza en la sociedad. “Es lisa y llanamente, legitimar el gatillo fácil”, advirtieron desde la Correpi.

Conforme a datos proporcionados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante 2017, tan solo en Buenos Aires y el Conurbano, 146 personas murieron bajo circunstancias violentas en las que se registró una participación policial. Para la Correpi, cada 23 horas hay un caso de “gatillo fácil” en Argentina.


 

 

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