Las protestas continúan en Cataluña para denunciar la agresión del Estado español a a instituciones catalanas y exigir la libertad de detenidos por el 1 de octubre, día del referéndum independentista.


A pesar del asedio al referéndum, el Gobierno catalán de Carles Puigdemont se ha conjurado para materializar la consulta el 1-0.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha confirmado así la celebración del referéndum, a pesar de las incautaciones, detenciones y agresiones del Estado español. Para demostrarlo, ha publicado los colegios electorales del 1 de octubre y se ha solidarizado con los detenidos.

Éstos han sido puestos en libertad con cargos tras tomar declaración enmanillados. Miles de personas les han acompañado a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

A la movilización en la calle también se han unido miles de estudiantes, mientras el Gobierno español preocupado ha enviado refuerzos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Las entidades pro derechos humanos, por su parte, han denunciado represión del Estado y han apelado a la desobediencia civil no violenta con mensaje claro para las fuerzas del orden.

El cerco del Estado también se ha visualizado con la multa del Tribunal Constitucional a algunos de los detenidos y a los miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum.

Haciendo uso por primera vez de las competencias otorgadas por el Partido Popular (PP), el Alto Tribunal ha impuesto una sanción de 12,000 euros diarios para cada uno. Para evitar estas medidas, la Generalitat ha cesado al número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, uno de los arrestados para intentar protegerle.


 

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