Emergencia penitenciaria afecta procesos judiciales

Por órdenes del presidente Nayib Bukele, el director general de centros penales, Osiris Luna, declaró en emergencia a los 28 centros penales del país, incluido el pabellón de internos del hospital Pisquiátrico.

Emergencia penitenciaria afecta procesos judiciales-VerdadDigital.com-
Jueza de Vigilancia Penitenciaria del Centro Penal La Esperanza, Sandra Aguilar.

La declaratoria de emergencia en los centros penales está dentro de las funciones de los directores de penales y del director general de centros penales, en el marco de las Medidas Extraordinarias que aprobó la Asamblea Legislativa en aplicación del Plan El Salvador Seguro (PESS).

“Las intenciones del presidente son buenas, pero hay que agotar los pasos que la Ley Penitenciaria establece para individualizar quién o quiénes dentro de los penales están desestabilizando”, valoró la Jueza de Vigilancia Penitenciaria del penal de Mariona, Sandra Aguilar, en una entrevista en canal 33.

Aclaró que los directores de penales pueden declarar la emergencia y el director general de centros penales “ratifica, pero también el juez de Vigilancia Penitenciaria observa que la declaratoria de emergencia esté dentro de los términos legales. Podemos ratificar, revocar o limitar ese estado de emergencia que sólo puede ser de un plazo máximo de 15 días y no de forma indefinida”.

La jueza explicó que los aplicadores de justicia deben “ejercer control jurisdiccional en los centros penales con diferente clasificación y en una emergencia de carécter total o parcial”.

Antes de que Bukele pidiera la emergencia indefinida en todos los centros penales, tres estaban bajo esa condición por 15 días: Penal de Izalco Fase III, Ciudad Barrios y de Máxima Seguridad en Zacatecoluca.

“Un estado de emergencia no debería obstruir el proceso judicial, procesos a cumplir en materia penal, procesal penal y penitenciaria, de lo contrario se corre el riesgo que el privado de libertad quedaría libre”, advirtió la jueza Aguilar.

“Nosotros tenemos términos que debemos cumplir y la administración penitenciaria no nos puede limitar nuestra actuación como juez”, puntualizó la juzgadora.

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