Desde la izquierda, diputado Oscar Arturo Argueta Mayen, ex presidente del Congreso de Guatemala, Mario Taracena Díaz-Sol, y diputada Norma Guevara.Desde la izquierda, diputado Oscar Arturo Argueta Mayen, ex presidente del Congreso de Guatemala, Mario Taracena Díaz-Sol, y diputada Norma Guevara.Congresistas de Guatemala y El Salvador intercambiaron este martes, en la Asamblea Legislativa salvadoreña, experiencias y conocimientos sobre avances legislativos en materia electoral.

La presidenta de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, Norma Guevara, junto al diputado Nelson Quintanilla (FMLN), sostuvieron una reunión interparlamentaria con el ex presidente del Congreso de Guatemala, Mario Taracena Díaz-Sol, y el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de dicho Órgano Legislativo, Oscar Arturo Argueta Mayen.

“Es un intercambio que nos pidieron para conocer la experiencia salvadoreña en materia de cambio en el sistema electoral. Ellos querían conocer cómo fue el tránsito de El Salvador, de listas bloqueadas a desbloqueadas y el voto cruzado”, explicó la diputada Guevara.

Asimismo, explicó cómo el sistema electoral ha sido modificado vía sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes han interferido al imponer, a última hora, llevar las elecciones legislativas de un sistema de listas cerradas a un sistema de listas abiertas y desbloqueadas.

Guatemala antes de la elección presidencial, realizó una serie de reformas electorales, que abarcó 80 artículos, y ahora demanda el desbloqueo de las listas.

“El recorrido que ha hecho el Salvador en materia electoral nos está tocarlo vivirlo a nosotros. Lo importante de este visita es conocer la experiencia para que podamos, a partir de las vivencias de El Salvador corregir errores”, comentó Oscar Arturo Argueta Mayen.

Externó su preocupación que vía sentencias judiciales se estén cambiando las reglas del juego electoral salvadoreño y no producto de los representantes legítimamente electo por del pueblo, como lo dice la Constitución de la República: “un ente constitucional tiene el mandato para expulsar de las normas jurídicas elementos que chocan con la constitución y no para ordenar que se legislen de determinada manera”.


 

 

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