Entre 1969 y 1998 existió un fondo común formado con las contribuciones de los trabajadores, de los empleadores privados y del Estado; de ese fondo se pagaron las pensiones.

La privatización de 1996, que entró en vigencia plena en 1998 cambió el anterior esquema, dejó de existir un fondo común, para transitar a una cuenta individual de ahorro para pensiones, y se hizo creer que esa sería la base del pago de pensiones futuras; mientras, el Estado siguió cargando con el pago de las pensiones.

Todo trabajador que ingresó a la vida laboral, debió afiliarse a una AFP, los trabajadores activos a 1998, menores de 36 años estaban obligados a pasarse a una AFP; a los de 36 años a 50 años en aquel momento, se les dio la posibilidad de OPTAR por quedarse en el sistema antiguo del ISSS y el INPEP; y las mujeres mayores de 50 años y hombres de 55 años, por obligación, se quedaban en el sistema público. Quienes tenían derecho a optar quedarse en el sistema público, debían comunicarlo por escrito, mientras que si querían ir a una AFP, bastaba con ir a afiliarse.

Quienes pasaron obligados y OPTADOS a las AFP y habían cotizado antes, se les reconoció un Certificado de Traspaso, equivalente al beneficio supuesto, según el tiempo cotizado; ese certificado, es un papel que obligaba al gobierno en el futuro a hacerlo efectivo en el momento en que la persona cumpliera las condiciones para jubilarse.

En el sistema público se reconocía un beneficio definido, equivalente a un porcentaje entre el 60 y el 80 por ciento de los salarios de los últimos tres años; en el sistema estrictamente privatizado, según la ley original, recibirían una renta programada, “fruto de los ahorros y los intereses devengados por la inversión de esos fondos que hiciera la AFP”. Pero esto no ha sido así.

El artículo 2 de la Ley de pensiones privatizadas establece que cuando los ahorros del trabajador no alcancen para cubrir una pensión mínima, EL ESTADO APORTARÁ LO QUE HAGA FALTA. Fue así como, al empezarse a jubilar los primeros Optados, apenas dos años después, se dieron cuenta que el monto era menor a lo que hubieran recibido si se hubieran quedado en el sistema público.

Estando tan cerca del cambio de sistema, descubrir eso era un atentado político, y la derecha legislativa de entonces, a pedido de Francisco Flores, aprobó OTORGAR UN CERTIFICADO COMPLEMENTARIO para igualar los beneficios a la manera en que los hubiera obtenido en el sistema de reparto.

De manera que, desde 1998, aunque se usen a las AFP para pagar la pensión, quien en verdad las paga es el gobierno con los impuestos de todos los salvadoreños, afiliados o no, cotizantes o no. Tan cierto era el engaño de las supuestas ventajas del sistema de AFP, que en 2001 se habían consumido las reservas en el pago de pensiones y empezaron a prestar en bonos más de 1,200 millones de dólares que a la fecha estamos pagando y los que, al año 2015, el pago de intereses por esos eurobonos, fue de 1,019 millones de dólares.

En 2004, otro gobierno de Arena aumentó los privilegios, al darse cuenta que la renta programada que tenían que dar como pensión, se terminaba rápido, por lo que emitieron el decreto N° 100, con el cual igualaron los beneficios a los del sistema público y volvieron esas pensiones vitalicias, a las cuales se conoce como pensiones VIP, ya que regalan pensiones de hasta 6 mil dólares a una minoría.

Fue así como en el año 2006, al no tener el gobierno de Arena cómo seguir pagando las pensiones, inventó el FOP (Fideicomiso de Obligaciones Previsionales), que significó que del total de las contribuciones se puede adquirir como préstamo hasta el 40% de ese fondo para pagar las pensiones en curso; en ese entonces nadie dijo que era el robo del siglo. O que el gobierno le metía la mano a los ahorros de los trabajadores, pero fue eso lo que hicieron desde que privatizaron.

En el año 2010 se llegó a ese tope del 40%, elevándose a un 45% lo que se puede tomar prestado para pagar las pensiones, y por lo cual el gobierno debe pagar intereses y abonar a capital según lo establece la misma ley.

En síntesis, las pensiones de personas que cotizaron en ISSS, INPEP y más del 30% de los que se vieron obligados a pasarse a las AFP, se pagan en una pequeñísima proporción con sus ahorros e intereses devengados, y la mayor parte de esas pensiones y las pensiones mínimas se pagan con fondos públicos, utilizando mecanismos del laberinto creado por Arena para ocultar el jugoso negocio de la privatización.


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